PLAN DE
CRISIS
¡¡
SEGURIDAD YA !!
PARA LA
PROVINCIA DE MENDOZA
Partido
Demócrata
Octubre 2.006
Introducción
Los mendocinos vivimos una situación de angustia
desconocida históricamente en la Provincia, producto del alto impacto que
genera la sucesión indefinida de delitos contra las personas y sus bienes,
quedando los ciudadanos inmersos en un escenario de inseguridad pública
generalizada, agravado por la fuerte violencia que acompaña al hecho delictivo,
que ha llevado al quiebre de códigos básicos de convivencia en nuestra
comunidad.
Resulta preocupante la inexistencia de un Plan
Estratégico en el área de Seguridad. Esto es grave ya que ninguna política
pública puede ser ejecutada seriamente sino viene precedida de un “Plan”, que
permita conocer el diagnóstico, una planificación integral definiendo la
visión, la misión y los objetivos perseguidos, conteniendo a su vez las
acciones ejecutivas diseñadas en consecuencia y con efectos en el corto, en el
mediano y en el largo plazo, para concluir luego con un sistema de medición y
evaluación de los resultados obtenidos.
Desde el primer Plan que el Partido Demócrata propuso al
Gobierno y a la ciudadanía, siempre colocamos el problema social delante de
todo. Esto, porque creemos que el problema no se resuelve solo con el ejercicio
de la fuerza, utilizando las estructuras formales del poder.
La seguridad es un concepto complejo, multicausal, que
debe ser abordado desde una perspectiva mucho más amplia que la óptica
estrictamente policial. Esta visión del problema nos lleva a concluir en que la
única forma de afrontar la problemática con éxito es desde la reconstrucción de
una “verdadera” Política de Estado, donde todos los partidos políticos con
representación parlamentaria compartan la “visión” y aporten sus ideas a la
solución de fondo. A su vez, resulta obvio destacar, que estos principios
tienen sentido solo si se los pone en práctica desde una gestión eficiente que
asegure resultados, y con la suficiente voluntad política del gobierno para
reconocer el problema y comprometerse enteramente con la ejecución de un Plan, por encima de cualquier
especulación política.
El Partido Demócrata tiene un Plan Integral de Seguridad
Pública que le permitiría a Mendoza restaurar la paz social que últimamente ha
perdido, y que constituiría un acto de mala fé no ponerlo a disposición de la
ciudadanía bajo la excusa de que este Partido no gobierna.
Hoy existen muchas mas certezas que dudas respecto a la
seguridad. Sabemos que la desigualdad trae inseguridad y que la desigualdad
parte de la inadecuada formulación y aplicación de políticas educativas,
sociales y económicas. Sabemos que una política de estado se construye en base
al consenso y no a fuerza de imposiciones o de posturas de autosuficiencia.
También sabemos que sin planificación no hay éxito posible, ya que hay que
entender que se fracasa a diario cuando vamos atrás de los problemas o cuando
confundimos “solución” con “parche” y creemos que algo esta resuelto cuando
solo escapamos temporariamente de una coyuntura adversa.
Vamos
a reafirmar nuestra postura de 1.998 cuando se avanzó conceptualmente en la
reforma, por lo cual debe quedar claro nuestro espíritu reformista y de
modernización de las políticas de seguridad. Mencionamos esto por única vez
para que se conozca nuestro punto de partida y nuestra vocación de avanzar a
partir de estos principios.
A
su vez, es necesario comprender que el problema es lo suficientemente serio y
grave, y que para combatir con éxito en este terreno es necesario comprometer
importantes recursos económicos, para infraestructura, para recursos humanos y
equipamiento, que permitan inferir una verdadera vocación por obtener buenos
resultados.
Es conveniente aclarar que este Plan esta definido como
“SEGURIDAD YA” y por lo tanto es una síntesis entre medidas de ejecución
inmediata y de mediano y largo plazo. A los efectos prácticos, este trabajo no
redunda en excesivas consideraciones teóricas que terminarían sacando de foco
el eje de la cuestión. Pretendemos ser precisos y claros, apuntando
concretamente a generar la respuesta inmediata a este flagelo que azota a la
sociedad.
Al presentar este trabajo, surge la pregunta obvia de por
qué sin son tan evidentes las acciones a seguir, no se realizan. Ante esto se
nos ocurren tres respuestas, primero, creemos que no existe verdadera voluntad
política por parte del Sr. Gobernador en reconocer a la inseguridad como el
problema mas grave que tiene Mendoza; segundo, entendemos que no existe un Plan
de Seguridad, con lo cual, cada idea se transforma en una simple ocurrencia,
carente de integralidad que la ordene hacia objetivos concretos; y tercero, al
no haber voluntad política y carecer en consecuencia de un Plan, fracasa la
gestión en los resultados, el ciudadano percibe un Estado ausente, generando
una sensación de indefensión ante el avance del delito, profundizando el
descreimiento y la incertidumbre, construyendo un clima negativo producto de la
indiferencia frente a nuevas acciones.
Por estos motivos, creemos que en materia de seguridad el
Gobierno solo administra el día a día, intentando que el tiempo pase sin que
ocurran hechos graves, y que cuando ocurren se despliega un formidable
operativo de publicidad surgido de un comité de crisis, para mitigar los
efectos de la comunicación, hasta que el evento dañoso se diluya, y a partir de
allí, esperar el próximo.
¡¡ SEGURIDAD YA !!
EJES DEL PLAN
1.- PREVENCIÓN
2.- ORGANIZACIÓN POLICIAL
3.- SISTEMA PENITENCIARIO
4.- ASPECTOS JUDICIALES BASICOS
5.- IMPLEMENTACION EFICIENTE Y CONTROL DE GESTION
Cada uno de estos ejes, contiene determinados ejes que a
la vez se sostienen con acciones claramente diseñadas y direccionadas a lograr
los objetivos propuestos.
Las directrices enunciadas se encuentran claramente
sistematizadas. El estado tiene entre sus funciones indelegables la de brindar
seguridad. La mejor forma de combatir el delito es prevenir atacando las causas
que generan desigualdad, exclusión social y desintegración del tejido
comunitario. Si a pesar de la prevención, el delito se produce, debemos
garantizar un rápido accionar policial que minimice las consecuencias negativas
que ocasionó el hecho delictual. Luego, el Estado debe garantizar que el hecho
sea eficientemente investigado para que no quede impune y se apliquen las sanciones
al responsable. Es necesaria la instrumentación de una adecuada política
penitenciaria que asegure el cumplimiento de la pena con el objetivo de
reinsertar socialmente al interno y de esa manera bajar los índices de
reincidencia una vez que el condenado recupere la libertad. Un plan exitoso en
la teoría, está destinado al fracaso sino existe un equipo eficiente que lo
implemente y efectúe un sistemático control de gestión durante su desarrollo.
1.- PREVENCIÓN
En términos generales, distinguimos tres clases de
prevención:
• Prevención primaria: comprende todas aquellas
iniciativas orientadas a la totalidad de la comunidad con el fin de evitar la
comisión de conductas violentas. Generalmente, la prevención primaria se
materializa a través de campañas de comunicación y difusión ––llevadas adelante
tanto por organismos gubernamentales como por organizaciones de la sociedad
civil––, destinadas, entre otras cosas, a desalentar el ingreso en el mundo del
delito y a motivar a la población para que permanezca alerta ante los posibles
delitos que puedan cometerse en su contra.
• Prevención secundaria: a diferencia de la
prevención primaria, que tiene un carácter más general, la prevención
secundaria se focaliza puntualmente en las comunidades, familias e individuos
en situación de riesgo, buscando evitar que cometan algún delito. Por ende,
comprende aquellos programas orientados a poblaciones en situación de riesgo.
• Prevención terciaria: en sentido estricto, no
correspondería hablar de prevención, ya que en este caso la actuación es
posterior a la comisión de un delito. Las estrategias de prevención terciaria
se encuentran orientadas a los grupos de personas que ya han incurrido en
acciones criminales. Pretenden, por medio de la interacción con el grupo familiar
y la reinserción social, la recuperación de quienes han delinquido para evitar
que en el futuro vuelvan a hacerlo.
A los efectos de no distraernos, nos concentraremos en lo
que denominamos prevención secundaria, proponiendo soluciones concretas de corto,
mediano y largo plazo, vinculadas con el hábitat urbano, educación formal y
desarrollo social.
El hábitat urbano
En los sitios superpoblados del Gran Mendoza del Este y
del Sur, se han generado lo que denominamos “áreas sin ley”. Son enclaves donde
bandas organizadas se enquistan (asentamientos inestables, barrios marginales o
complejos habitacionales saturados) como un mecanismo para resguardarse del
accionar del Estado. Estas bandas se dedican al tráfico de drogas y de armas, y
a robos de distinta índole. Con el tiempo el Estado comienza a desaparecer en
su presencia permanente y son las bandas criminales las que imponen las reglas
dentro de ese hábitat y someten a las personas de bien (que son la mayoría) que
habitan en dichos lugares, transformándolas en rehenes, poniendo en peligro el
futuro de los jóvenes y niños que allí crecen. Por último, comienza a surgir
una “subcultura delictiva” en la que el crimen es el principal elemento de
identificación social.
Resulta imperioso concentrarse en lo que denominamos
“hábitat urbano” para desde allí desarrollar todo lo que al hombre y la familia
le corresponden, en su desarrollo social.
Por ello, la casa habitación y su déficit constituyen el
elemento central que el Gobierno debe afrontar en este punto.
El Programa “Mendoza sin Villas” indudablemente que ha
fracasado por la falta de una política de shock en su implementación, generando
mayor demanda que la oferta pública disponible de viviendas para la
erradicación de asentamientos clandestinos.
El déficit habitacional en Mendoza se estima en 80.000
viviendas, por lo tanto, a través del IPV, y con beneficios impositivos
provinciales y otros consensuados con la Nación, debe instrumentarse un
enérgico programa de erradicación de asentamientos inestables.
Por lo tanto se propone,
a) Programas de urbanización de asentamientos (vía
PROMEBA), que tiendan a mejorar el hábitat de quienes los habitan por medio de
la apertura de calles, mejora de la iluminación, equipamiento e infraestructura
social básica, espacios verdes, presencia de instituciones del Estado
(comisarías, comedores públicos, escuela, bomberos) y de la comunidad (templos,
iglesias, bibliotecas, centros deportivos). En los casos donde esto no se pueda
concretar, se debe proceder a la relocalización de sus habitantes.
b) Recuperación “inmediata” de casas tomadas y usurpadas
como un mecanismo de terminar con los “aguantaderos” de criminales y la
irregularidad de muchos de los usurpadores que se prestan a distintas
actividades clandestinas.
c) Programas de recuperación de los espacios públicos:
devolverle al vecino los espacios verdes y de recreación de uso público es
vital para la convivencia pacífica en una ciudad. Si estos ámbitos están
tomados o no se pueden utilizar por temor a ser víctima de un delito pronto se
tornan en zonas sin ley dentro de las ciudades y pierden su rol social.
Estas medidas conducirán a:
Demostrar control de la situación, recuperando la
presencia y la autoridad del Estado en las calles y los espacios públicos.
Eliminar las “áreas sin ley”.
Demostrar capacidad de generación de resultados.
Reducir la sensación de impunidad.
Más escuelas, más seguridad
Cuando a Victor Hugo le preguntaron qué debía hacerse
para terminar con la criminalidad, respondió: “Hagan escuelas”.
Es imposible proyectar una política de seguridad eficaz
en el tiempo sin tener definida claramente una política educativa con medidas
de corto, mediano y largo plazo, que sean capaces de acompañar el desarrollo
social de la Provincia.
Es un componente fundamental de la politica de seguridad,
la inversión seria, programada y real en materia educativa.
Para eso, es imprescindible aumentar la infraestructura
educativa a través del Plan de Infraestructura Escolar y Equipamiento
(desarrollado por el PD) que contemple las necesidades edilicias y de
equipamiento por los próximos 20 años;
capacitar y jerarquizar al maestro revitalizando su autoridad,
restituyendo el respeto y el prestigio que históricamente tuvieron, y orientar
los contenidos programáticos hacia un modelo de exigencia, Mendoza debe
ser capaz de transformar la actual “escuela contenedora” en una escuela que no
solamente contenga al alumno, sino que transmita conocimientos de excelencia y
valores, introduciendo al alumno en la cultura del esfuerzo y la
responsabilidad.
Mendoza tiene un déficit aproximado de 200 escuelas, para
lograr que los alumnos se eduquen cerca de sus casas y en aulas con no más de
25 alumnos. Asimismo, el
equipamiento tecnológico es virtualmente inexistente, por lo tanto, la
Provincia debe producir una muy fuerte inversión en educación, sector al que
habría que direccionar parte de los recursos que la Nación le adeuda en
concepto de resarcimiento por los perjuicios que la promoción industrial en
provincias vecinas le ha ocasionado.
Desarrollo Social
La política social debe tener como objetivo el desarrollo
humano, para lo cual debe trabajar directamente en los sectores vulnerables
brindándoles la oportunidad de superar las inequidades y facilitándoles los elementos
que permitan su progreso individual, familiar y social.
En este tema merece un parrafo especial el dañino y
perverso clientelismo politico, generado por la concepcion patrimonialista de
algunos politicos, que pretenden adueñarse de las voluntades individuales a
cambio de dádivas. Desde nuestra concepción no somos proclives a los modelos
asistencialistas en materia de política social.
La política de desarrollo humano tiene que propender a
generar trabajo genuino, asegurar el acceso a sistemas de salud dignos y
facilitar el ingreso y permanencia a los sistemas educativos formales.
Se debe reformular la normativa de los planes Jefas y
Jefes de Hogar para transformarlos en seguros de desempleo con términos
perentorios e inscripción automática de los beneficiarios en registros de
trabajo y talleres de capacitación para la reinserción a corto plazo en el
mercado laboral. Una alternativa a explorar es la firma de un convenio con la
Nación a los efectos de que derive la totalidad de los recursos que invierte en
Mendoza en el Programa Jefas y Jefes de Hogar, y la Provincia suscribir un
convenio con la Fundación Grameen, inspirada por el reciente premio nobel de la
paz Muhammad Yunus, más conocido como el
"banquero de los pobres", con fuerte arraigo en nuestra provincia, en
el entendimiento que el microcrédito es una de las herramientas más eficaces y
de mejor futuro para combatir el desempleo y la pobreza, y con ello la
inseguridad.
Al desalentar los planes de subsidios, se desalienta la
clandestinidad laboral y permite que el
trabajador acceda a un seguro de salud, de invalidez, de accidente de trabajo y
a un seguro familiar. De esta forma asciende a la categoría del ciudadano que
no solo tiene derechos sino beneficios reales y una indiscutible dignidad. El
trabajador en blanco recupera su autoestima, y esto se transforma en una
ventaja competitiva en contra de la tentación por caer en el delito
2.- ORGANIZACIÓN POLICIAL
Sin policías no hay seguridad
La Policía de la Provincia de Mendoza necesita, como
mínimo, para la población que tiene, un número no inferior a 11.000, y en la
actualidad contamos con un poco mas de 6.000, significa que tenemos un déficit
cercano a los 5.000 policías. La provincia de Neuquén, por ejemplo, para
500.000 habitantes, cuenta con 5.000 policías.
Veamos a continuación la evolución de la policía
provincial en los últimos 40 años:
|
Año |
N° de Efectivos |
N° de Habitantes |
|
1966 |
5.400 |
900.000 |
|
1976 |
5.800 |
1.100.000 |
|
1986 |
6.200 |
1.250.000 |
|
1996 |
6.300 |
1.400.000 |
|
2006 |
6.500 |
1.800.000 |
La población de Mendoza revela un fuerte fenómeno de
concentración urbana en el Gran Mendoza, y algunos conglomerados urbanos en el
Este y en el Sur, y el resto de su territorio ocupado por población
predominantemente rural.
Esto origina fenómenos de criminalidad distintos y que se
corresponden en el gran Mendoza, cada vez mas con los semejantes que se
producen en las urbes que superan el fenómeno conocido como el del “millón de
habitantes”.
Necesitamos por lo tanto llegar a una proporción entre policías
y población que se corresponda a un policía cada cien habitantes, equilibrando
la parte rural (criminalidad menor y menos compleja) con la urbana
(criminalidad compleja) estableciendo como objetivo llegar a tener 11.000
policías.
Este objetivo requiere de una fuerte voluntad política
que se traduzca en una importante inversión presupuestaria.
El objetivo debe lograrse en cinco años, esto implica en
materia presupuestaria y de manera progresiva, llegar a un cifra anual, a
valores constantes, de aproximadamente 520 millones de pesos, que se
corresponderá, a remuneraciones y equipamiento, siempre privilegiando el
incremento del Recurso Humano y su Adiestramiento.
Las líneas generales para la convocatoria y capacitación
de jóvenes interesados en ser policías, debe ser estimulada con un nivel de
remuneraciones equivalente al riesgo que implica la tarea y al valor que como
sociedad le asignemos a la Seguridad, con una beca de ingreso equivalente al
50% de la remuneración del Agente de Policía, reformando la currícula en el
Instituto Universitario de Seguridad Pública, que asegure una formación básica
y un perfeccionamiento superior progresivo y obligatorio dentro de la fuerza
policial, y con acciones que contribuyan a prestigiar a la fuerza policial ante
la comunidad.
En este tema no se puede demorar ni un día más.
Recordemos que hace algunos años atrás, el gobierno de signo radical prometió
la incorporación de 3.000 policías en forma progresiva hasta el año 2.007, sin
embargo el 2.007 ya casi llegó y lo cierto es que la población aumentó y la
cantidad de policías se mantiene prácticamente igual. Con un policía cada 300
habitantes es imposible brindar seguridad.
Identificar a un Oficial Superior como interlocutor interno para el
cambio
No hay estrategia exitosa, por mejor diseño que presente,
si no hay alguien dentro de la misma organización con el compromiso y el poder
suficiente para llevarla adelante. Debe ser policía, retirado o en actividad.
El rol de este policía es el de alentar y reforzar la
adopción de una estrategia orientada a la resolución de problemas específicos.
Además, debe monitorear la implementación del proceso.
Redefinición del rol de las Comisarías
Para la efectiva puesta en práctica de esta reformulación
es necesario acotar las jurisdicciones, en cuanto a la cantidad de población y
en cuanto al territorio abarcado.
Las comisarias deben volver a hacer todas operativas y
actuar en función judicial, ya que deben ser el punto de referencia inmediato
ante cualquier conflicto que surja en la comunidad. Por otro lado deben dejar
de lado el rol exclusivamente policial. Dentro de cada comisaría debe existir
un equipo interdisciplinario coordinado principalmente por trabajadores
sociales que releven permanentemente la problemática existente y latente en
cada jurisdicción. Hoy no basta con tener mapas del delito, sino que además hay
que tener mapas de problemática social, que permitan conocer que es lo que pasa
dentro de la comunidad para poder dar una respuesta anticipándonos al hecho
delictivo.
En este último aspecto cumple un rol fundamental el área
de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad. Este ámbito debe
ser el que coordine, ordene y procese toda la información que surja desde las
comisarias referidas a las problemáticas sociales, para que pueda administrar
las respuestas a esos problemas. Para esto deberá interactuar con los distintos
Ministerios, Subsecretarias y Municipios.
Redefinir la función de la Comisaría, devolviendo la
responsabilidad exclusiva de su jurisdicción al comisario. El comisario debe
volver a ser el responsable ante la Comunidad, de la Seguridad Pública en el
área de su competencia. A este efecto se debe definir lo siguiente :
a) Determinación de áreas en conflicto (social,
delictual, etc.).
b) Acciones especiales en zonas determinadas como
“calientes”. Que comprendan ocupación del terreno, y retiro progresivo,
impulsando todas las medidas de control social.
c) Cursos de acción con la ciudadanía en general,
explicando de manera explícita y con la mayor difusión posible, los planes en
marcha.
Eficiencia y seriedad de los servicios de inteligencia policial
Intensificar las tareas de inteligencia policial,
capacitando, equipando y mejorando el organismo creado a tal fin. Organizar la
inteligencia policial en general, con absoluto respeto a la privacidad de las
personas, y con exclusión de la política.
Entrenamiento y capacitación policial
Aquí debemos separar circunstancias internas, de las
funcionales, aunque todo converge sobre el mejoramiento del servicio de la
Seguridad Pública.
Auspiciamos un perfeccionamiento en el ingreso al
Instituto de Seguridad Pública, que permita facilitar la incorporación
propendiendo asimismo, a que el futuro de los egresados tenga un mejor nivel
técnico.
Mejoramiento salarial y material
a) Eliminación del Servicio Extraordinario, sin que esto
afecte la remuneración del personal policial. El mantenimiento parcial de
algunos servicios, debe ser la excepción. Por lo tanto, deberá determinarse
presupuestariamente cubrir el 100% de
las asignaciones policiales.
b) Igualdad horaria.
c) Distribución equitativa y mayor cupo de los Recargos
de Servicios, propendiendo a una adecuada, eficiente y justa asignación de este
beneficio, con estrictos controles, a fin que los cupos sean mayores para el
Personal Policial, no para la burocracia.
d) Rever el aspecto disciplinario, puesto que la unidad
de medida para la aplicación y ejecución es la suspensión, lo que achica el
sueldo del efectivo y otros beneficios. Sin entrar en prejuicios inconducentes,
debe volverse a la aplicación de la figura de los días de arresto, que consiste
en una modalidad de sanción que permite que el policía continúe cumpliendo su
tarea, perdiendo días de franco.
e) Mejorar la policía desde su propio interior, para así
poder volcar hacia fuera la calidad de la prestación de los servicios.
f) Dentro del aspecto vinculado a las mejores condiciones
de vida, y a los señalados en materia de remuneración del policía, reviste
particular importancia el problema de la vivienda, ya que muchos de ellos
habitan en lugares de los considerados barrios inseguros, generándoles
problemas de convivencia con el resto de la vecindad. A través del I.P.V.,
organizar operatorias de viviendas para policías.
g) Innovar en todo lo referente a su vestimenta y
equipamiento individual, lo que redunda en un mejoramiento de la imagen
policial en la calle. Elaborar un reglamento general de Uniforme.
Edificios policiales
Los distintos edificios que la Policía de la Provincia
posee están en muy mal estado, con escaso mantenimiento y sin equipamiento
adecuado, y los inmuebles alquilados adolecen de los mismos problemas,
generando una imagen desagradable para el vecino que acude en busca de auxilio
y para los propios policías que pasan gran parte del día en los mismos.
Por lo tanto, debe implementarse un programa de
recuperación de infraestructura con el objeto de dar solución a esta carencia.
En un plazo no mayor a 90 días deben relevarse las necesidades edilicias en
toda la Provincia en la que hace a Comisarías, Subcomisarías, Destacamentos y
Puestos, para confeccionar un Plan de Renovación de Edificios para ser
ejecutados en un plazo no superior a 5 años.
Se debe requerir de los organismos técnicos, que informan
sobre los diferentes inmuebles de propiedad del Estado, cuales pueden ser
utilizados con esta finalidad.
Sistema de CCTV
Equipos de Circuito Cerrado de TV (CCTV) en zonas densas (micro centro), lo que reduce personal, pues
tan solo se debe contar con patrullas de intervención rápida.
No es otra cosa que establecer el video en la vía
pública, vinculado a un centro de operaciones. Esto lo venimos sosteniendo
desde 1998, y es también propuesta que han adoptado otras fuerzas políticas.
La idea es transformar los centros urbanos comerciales,
en lugares muy seguros que los conviertan en verdaderos paseos de compras.
Comunicaciones policiales
Proponemos perfeccionar el sistema de recepción de
denuncias o emergencias con un conmutador de última generación, que satisfaga
la demanda de quienes requieren los servicios o intervención policial, que
habitualmente se encuentran con el sistema saturado. Estos equipos se pueden
adquirir en plaza y a bajo costo.
Cambiar el lugar estratégico de asiento del comando
operacional, y rediseñar su estructura orgánica y funcional. Llevar su jefe a
nivel de Comisario.
Apoyar la decisión presupuestaria para la obtención del
servicio de comunicaciones denominado Tetra, que permite incorporar al mismo,
otras prestaciones como las enunciadas anteriormente.
Equipamiento para comunicaciones individuales, de los
miembros del Cuerpo Policial al momento de la prestación del servicio.
Implementación del Sistema 911, a los efectos de recibir
la demanda por los servicios de policía en forma centralizada. Para reducir los
reclamos de los vecinos los circuitos de patrullas deben definirse
“científicamente” a partir de la tasa de delitos, llamadas de emergencia y
tiempos estimados de viaje.
Incremento en cantidad y calidad de móviles policiales
Incorporación de móviles policiales de reacción rápida,
con el correspondiente entrenamiento y capacitación policial en el uso de esas
movilidades.
Sistemas de patrullaje motorizados y aleatorios, que
reduzcan el contacto con los vecinos y aumentan la capacidad de respuesta
frente a una emergencia.
3.- SISTEMA PENITENCIARIO INTEGRAL
Es necesario declarar la emergencia penitenciaria,
comprendiendo los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de
rehabilitación y de infraestructura edilicia de los establecimientos
penitenciarios de la Provincia.
Nuestro sistema Penitenciario, en cuanto al aspecto
edilicio es similar al de l904 (Penitenciaria de Boulogne Sur Mer) l936 (Cárcel
de Encausados de San Rafael) 1938 (Unidad Penitenciaria de Junín), es decir 100
y 70 años aproximadamente, mas los parches que se han ido agregando y que todos
conocemos.
Lo cierto es que no existe hasta la fecha un Plan
Integral que tienda a dar cumplimiento a los parámetros contenidos en las leyes
que regulan el sistema penitenciario. Pero este dato, lejos de resultar
negativo, y considerando la presente discusión a la que está siendo objeto el
sistema penitenciario provincial, debe resultar un punto de inflexión que
introduzca a la Provincia en el camino de una solución integral y duradera.
Se advierte, que la Construcción de la Penitenciaría en
Campo Cacheuta, encuentra motivaciones en las obvias urgencias que el colapso
penitenciario arroja, y no en la inteligencia de avanzar en un Proyecto
Penitenciario Integral. Sólo se persigue trasladar un problema de lugar,
resignando la estrategia de construir establecimientos carcelarios
clasificándolos de acuerdo a los criterios que los principios universales
penitenciarios aconsejan, y que muchos de ellos fueron recogidos por las leyes
24.660 (L.Nac.) y 6.513 (L.Prov.), transformándolos en obligatorios para la
Provincia. El solo hecho de clasificar entre condenados y procesados, en
establecimientos físicamente separados, resulta un salto cualitativo enorme en
materia penitenciaria, y más aún, de avanzar en el concepto de subdivisión
geográfica, se estaría agregando un elemento central en materia de atención
personalizada a los internos, que contribuye a una efectiva reinserción social
de los mismos. Al estar cada uno en su jurisdicción judicial se facilita el
traslado constante a los tribunales de sus respectivas jurisdicciones.
La construcción de establecimientos más pequeños
mitigaría el impacto que produciría la construcción de uno solo, y contribuiría
a una atención más directa y efectiva del interno.
Por lo tanto, y en el
marco de la emergencia que debe declararse, se propone:
a) Que el
Poder Ejecutivo Provincial, emplace en forma urgente, al Poder Ejecutivo
Nacional a trasladar a dependencias de su competencia a los procesados y
condenados, a disposición de los Juzgados y/o Cámaras Federales con asiento en
la Provincia de Mendoza, que se encuentren alojados en establecimientos
penitenciarios de esta Provincia, debiendo también hacerse cargo de la
seguridad, custodia y manutención de los mismos. La presente autorización
incluye la intimación que el Poder Ejecutivo Provincial deberá efectuar en
forma urgente al Poder Ejecutivo Nacional a que reintegre a esta Provincia los
fondos que la misma viene erogando en concepto de la manutención de procesados
y condenados de jurisdicción federal en establecimientos provinciales. El
Ministerio de Justicia y Seguridad, en colaboración con el Ministerio de
Hacienda de la Provincia deberán producir en forma urgente una estimación de
los montos aludidos para viabilizar la intimación.
b)
En el marco de la emergencia declarada, elabórese un Plan Integral de
Construcción de Establecimientos Penitenciarios para la Provincia de Mendoza,
de acuerdo a las pautas que seguidamente se sugieren:
- El Establecimiento penitenciario de Campo Cacheuta
deberá destinarse a procesados y en una capacidad de alojamiento no superior a
los 500 internos
- Proyectar un Penal para CONDENADOS, con capacidad para
1200 internos, con localización en el
Gran Mendoza.
- Proyectar un Penal con capacidad para 500 internos en
la región Este de la Provincia, debiendo diferenciarse el alojamiento para
condenados y procesados.
- Proyectar un Penal con capacidad para 400 internos en
la región del Valle de Uco, debiendo diferenciarse el alojamiento para
condenados y procesados.
- Proyectar un Penal con capacidad para 700 internos en
la región Sur de la Provincia, en terrenos ya seleccionados en el Departamento
de San Rafael, debiendo diferenciarse el alojamiento diferenciado para mujeres
y hombres, condenados y procesados.
- Proyectar un nuevo establecimiento para MENORES, que
reemplace el actual que posee condiciones de convivencia infrahumanas e induce
al menor a continuar delinquiendo. El nuevo Instituto deberá contar con todas
las condiciones de infraestructura que contribuyan a la verdadera educación y
reinserción social del menor sancionado, considerando que esta es la franja
donde mayor esfuerzo social se debe invertir para su recuperación.
- Proyectar la adecuación y ampliación de la Alcaidía de
Mujeres, con capacidad de albergue para 400 internas, que permita el efectivo
cumplimiento de las condiciones exigidas en la Ley 24.660, arts. 190 al 196.
- Proyectar la adecuación y ampliación de la Colonia
Penal de Gustavo André a los efectos de transformarla en un verdadero
establecimiento donde se instrumente, con la infraestructura pertinente los
sistemas abiertos y semiabiertos, para la transición de las fases de período de
prueba y períodos previos a la libertad condicional.
c) El Poder
Ejecutivo Provincial, deberá elevar en un plazo no mayor a 180 días a la
Honorable Legislatura Provincial, los proyectos y presupuestos que implicarían
la construcción y/o adecuación de los establecimientos de afectación
penitenciara detallados en el punto anterior, indicando las posibilidades de
financiamiento propio para que las obras detalladas se concreten en un plazo no
mayor a 36 meses, e indique la necesidad de financiamiento de organismos de
crédito, a los efectos de que la Legislatura, previo los estudios pertinentes,
otorgue las autorizaciones correspondientes. Si el Poder Ejecutivo no contara
con la estructura técnica necesaria para cumplir con lo solicitado en el
presente artículo dentro de los plazos otorgados, autorícese a contratar en
forma total o parcial los estudios técnicos indicados, dentro del marco de la
emergencia declarada.
4.- ASPECTOS JUDICIALES BASICOS
a) Mantener la política de vigencia progresiva, del nuevo
ordenamiento procesal penal.
b) Armonizar la investigación policial con la actividad
del Ministerio Público Fiscal.
c) Dotar de tecnología de última generación a la Policía
Científica Entrenamiento y capacitación policial.
d) Mejorar el sistema de libertad vigilada, pues esto
genera la sensación de control no solo sobre quienes han delinquido, sino sobre
el resto de la sociedad. En este aspecto, podría solicitarse la colaboración de
los estudiantes de las Universidades y Facultades, que tratan aspectos sociales
o comunitarios, que serían tomados como trabajos prácticos, para complementar
los aspectos teóricos de su formación.
e) Procurar la resolución de las causas
contravencionales, pues esto genera un amplísimo campo de absoluta impunidad en
la materia. Esto crea la sensación de inexistencia de un orden legal.
f) Actualizar el Código de Faltas.
g) Reformular el Servicio de Justicia Contravencional,
con acuerdos con los municipios, creando Juzgados de Faltas, que funcionen en
esas jurisdicciones.
5.- IMPLEMENTACION EFICIENTE Y CONTROL DE GESTION
Una mala implementación desvirtúa las mejores
intenciones.
El éxito de todo plan
depende básicamente de la acción efectiva desarrollada en su puesta en marcha.
Un plan ejecutado en el tiempo, necesita de las
herramientas básicas que permitan efectuar el seguimiento del desarrollo de la
politica implementada. El control debe ser interno y externo, formal e informal
y debe permitirnos evaluar el proceso a los efectos de corregir errores y
eventualmente reformular el diseño de las acciones o la aplicación de las
mismas.
Para lograr este objetivo es necesario incorporar
herramientas modernas de gestión, teóricas y de infraestructura informática,
como por ejemplo el tablero integral de comando, que nos permite evaluar en
tiempo real el cumplimiento de metas y objetivos, en su relación con el
presupuesto y con la planificación.
También es necesario incorporar mecanismos que aseguren
la transparencia de la gestión, para esto hay que confiar en el aporte que
pueden realizar las ONGs, sometiéndose a auditorías ciudadanas en forma
orgánica y permanente, asegurando la inexistencia del secreto estatal , cuando
este puede ser generado para oscurecer procedimientos.
La provincia debe capacitar a los cuadros policiales de
mando en el exterior, becando a los oficiales superiores, de acuerdo al orden
de mérito, en las mejores escuelas de seguridad del extranjero, generando
intercambios de experiencias con Policías de otras ciudades del mundo.
Si bien no podemos aumentar rápidamente el número de
policías, si podemos equiparlo y capacitarlo, de modo tal que el mismo hombre
rinda mucho mas en otro contexto.
Nuestros policías, especialmente aquellos que están
directamente vinculados a la resolución de casos complejos o en policía
científica, deben recibir instrucción en las mejores academias del mundo.
EQUIPO DE SEGURIDAD
PARTIDO DEMOCRATA DE MENDOZA