INVESTIGACIÓN
Los 3 Fiscales de
Asuntos Complejos del Poder Judicial de Mendoza, investigan distintas áreas del
gobierno por ilícitos cometidos.
La investigación
judicial iniciada por el Dr. Correa Llano, derivó a su vez en otras
investigaciones por hechos penales distintos, en contra de diversos
funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Cobos, que están a cargo del Dr.
Eduardo Martearena.
a)
Pago
de colectivos de barrabravas de Godoy Cruz con fondos
del Ministerio de Desarrollo Social a cargo del Sr. Pinto. Se investiga por
este hecho a funcionarios jerárquicos del mencionado Ministerio, quienes
indicaron a la empresa que llevó a los barrabravas
fuera de la provincia, cómo debían hacer para cobrar la factura, haciendo pasar
los viajes como con destino a San Rafael y Malargue.
b)
Negociaciones
incompatibles con el cargo de funcionario público. Se investiga por este hecho
al ex multifuncionario Omar Pérez Botti,
hombre de estrecha confianza del Diputado Nacional Alfredo Cornejo, quien contó
hasta último momento con el apoyo incondicional del gobernador Julio Cobos. Se
iniciaron negociaciones con empresarios por licitaciones de chalecos anti balas para la policía; frazadas, comida y cámaras de
vigilancia para la Cárcel de Almafuerte.
c)
Introducción
de pirotecnia prohibida al Estado Malvinas Argentinas. Se investiga por este
hecho, al mismo Pérez Botti, y a otros funcionarios
jerárquicos del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Mientras los espectadores
comunes somos revisados para poder ingresar al estadio, los encargados del operativo,
violan la ley introduciendo elementos prohibidos por la ley penal.
Por su parte, el
Dr. Daniel Carniello, investiga a funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Social por serias irregularidades en la entrega y
cobros de los denominados tickets “Vale Más”. Se ha
detectado la circulación y cobranza de vales con beneficiarios repetidos en el
mismo período (está prohibido), vales para ser cobrados al portador (está
prohibido), y planes inexistentes en los registros del Ministerio, pero que
fueron pedidos a la empresa emisora por el gobierno, que fueron recibidos por
el gobierno, y cobrados en los mayoristas. El defalco en contra del pueblo de
Mendoza en un mes por este último modus operandi, es de más de $ 80.000.